Cañete, quien concurrió a esa reunión representando al Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (Cosspra), del que es secretario, dialogó con funcionarios nacionales y reiteró su preocupación por el abuso en los precios de medicamentos de alta complejidad.
“En Cosspra hace tiempo que estamos preocupados por los precios de los medicamentos, y la falta de control, pero además, el hecho de que no se define claramente y tampoco nadie identifica cuánto es el valor real del medicamento, además del permanente abuso en los precios. "Nadie puede definir el costo real del medicamento, por lo menos en Argentina".
El funcionario aclaró que hace un tiempo, “comenzamos a analizar con Cosspra la posibilidad de hacer una compra entre todas las obras sociales, pero nos encontramos con impedimentos jurídicos que están relacionados con el cumplimiento de las leyes de Contabilidad Pública, y la de Contrataciones del Estado, entre otras”.
El titular del Directorio de Iosper explicó que “el tema siguió avanzando y quien lo puso en práctica fue el Pami, que compró medicamentos de alto costo a través de licitaciones junto con el Ministerio de la Salud de la Nación y otras obras sociales. Esa metodología dio resultado porque se bajaron los precios”.
Cañete aclaró que, como integrante de Cosspra, participo de la reunión para observar “cómo funciona este mecanismo de compra por licitación que, aunque hoy no lo podamos hacer, nos ubica y nos hace conocer un precio de referencia. Con todos los ministros de Salud de Argentina y con Cosspra, donde concurrí en representación de todas las obras sociales del país, coincidimos en la necesidad de establecer mecanismos que traten de establecer precios para parar el excesivo incremento de los fármacos en todo el territorio nacional”.
Un poco de historia
Ya hace mucho tiempo que las obras sociales vienen advirtiendo que el lobby de las farmacéuticas en medicamentos de alto costo preocupa mucho al sector, ya que no forman parte de la oferta farmacéutica y “difícilmente se les puedan aplicar lineamientos de libre determinación de precios, porque los proveen laboratorios específicos que tienen prácticas monopólicas”, afirmó Cañete. “Esta situación pone potencialmente en riesgo el financiamiento de todo el sistema de salud”.
Entonces, habían solicitado que el Estado nacional intervenga “para regular adecuadamente qué medicamentos nuevos deben incorporarse, poner un límite a los incesantes incrementos de precios que establece la industria farmacéutica y garantizar la provisión de los recursos económicos destinados a cubrir estas patologías”.
“Las obras sociales provinciales necesitan tener un financiamiento externo que debe provenir del Estado nacional, para brindar cobertura a estas enfermedades. Por ello, es imprescindible contar con un seguro nacional para las enfermedades de alto costo”, subrayó.
El precio de los medicamentos impacta -primordialmente- a las obras sociales de Argentina desde el punto de vista financiero. “El hecho de brindar cobertura a tratamientos de alto costo hace peligrar prestaciones de otras características para el resto de los afiliados”, alertó el funcionario.